Entre la ley y el desacato

Por Laura Brunet Portela

Mientras en otros territorios los precios topados pusieron coto  a los especuladores tras el huracán Irma, en Cienfuegos  los consumidores y las autoridades ven burlados sus propósitos con esta política

Se ha vuelto todo un arte componer cada día una comida variada, sana y económica en Cienfuegos. Saber cuándo, dónde y cómo acceder a viandas, hortalizas, frutas y especias requiere de prolongados periplos por la ciudad. Si antes se sufrían los robos en la báscula y el alto costo de los productos, hoy lacera la ausencia de algunos de ellos.

Los cuestionamientos sobre los abastecimientos se mezclan ahora con la efectividad o no de los «precios topados», alternativa para neutralizar a los especuladores.

Con el respaldo de las resoluciones No. 135/2016 y 645/2017, ambas del Ministerio de Finanzas y Precios, desde el 6 de noviembre de 2017 el Consejo de la Administración Provincial (CAP) de Cienfuegos estableció tarifas máximas para varios productos, que abarcan los mercados estatales, los puntos de las formas productivas, la agricultura urbana y suburbana y las plazas de oferta y demanda y vendedores ambulantes.

Con adeptos y detractores, la disposición gubernamental se implementó tras las afectaciones del sector agrario luego del paso del huracán Irma. Se presentó como una medida temporal, aplicable mientras los polos productivos de la agricultura se recuperan, explicó Raúl González Quintana, secretario del Consejo de la Administración Provincial. Pero, a diferencia de otros territorios, más que disminuir las dolencias por el tránsito del evento meteorológico, el tope de los precios ha provocado aquí un controvertido escenario.

Efecto bumerán

La retirada de vendedores, carretilleros e intermediarios y la desnudez de los mercados de oferta y demanda en el territorio parecen tener como trasfondo la inconformidad frente  a estas regulaciones. Lo demuestra el hecho de que pasados tres meses de ejecución de la medida, los organismos estatales repiensan nuevas vías para hacer cumplir lo establecido.

Expresión clara de lo que sucede es la plaza El Mercado, mayor centro de la provincia para la comercialización de los productos agropecuarios por parte de trabajadores por cuenta propia (TCP). Allí solo permanecen en el ejercicio de sus licencias quienes decidieron asumir cierto rol de «yerberos».

Mientras las aguas toman curso, únicamente ofertan culantro, perejil, ajo puerro, yuca, boniato y poco más; todos de rápida caducidad y disponibles en los puntos estatales, en el caso de los tubérculos.  

Adriana Peña Barbieri denuncia otras variantes actuales del timo. Unas veces la tablilla muestra lo correcto: el boniato 1.50, la yuca 1.30, guagüí 5.50…, pero a la hora de desembolsar se suman otros tantos billetes a la cifra de la pizarra.

Cuenta otra cienfueguera que muchas veces sucede que al preguntar por un producto lo tienen oculto debajo de la tarima, «para el que lo necesite —le dicen— pero por el monto que ellos determinan. Si lo quieres ese es tu problema, lo tienes que pagar».

Y las tretas no terminan ahí. Se desconoce dónde preservan frutas, viandas y vegetales, casi fantasmas ahora en la mesa de muchos cienfuegueros; aunque se ha expandido la existencia de casas-almacén.

«Ya hemos detectado algunas, donde hemos operado de conjunto con la Policía Nacional Revolucionaria (PNR)», reconoció Paulino Pablo Díaz Santillan, responsable provincial de la Dirección Integral de Supervisión y Control (DISC).

«Además, hemos descubierto carros que funcionan como depósitos y decomisamos mercancías de venta ilícita en la cabecera provincial y otros municipios», agregó.

Entre la irreverencia y la institucionalidad

No bien se aprobaban las resoluciones de precios topados muchos vendedores ambulantes prefirieron comerciar a la sombra y otros optaron por el retiro temporal de la actividad.

«Un irrespeto a nuestro pueblo, prácticamente en oposición a lo dispuesto por el Consejo de la Administración Provincial», califica esta actitud Díaz Santillan.

Con el paso del tiempo, sin embargo, han regresado a las calles, aunque evitan transitar por las arterias principales. Por ello no es raro tropezar con coches y carretillas de ofertas variadas con los mismos precios de antaño.

«Se ve ese temor a los inspectores, pero al final, uno no tiene a qué mercados acudir, así es que nosotros mismos garantizamos la subsistencia de los infractores. Ellos siguen vendiendo a sus precios y nosotros los aceptamos. Parece un callejón sin salida», lamenta Miriam Antúnez Guerra, quien acostumbra a comprar abastecimientos en la puerta de su casa.

Mecanismos de control para hacer cumplir lo normado, inspectores de la DISC, multas, decomisos, retiro de licencias y otros figuran entre las exigencias que los cienfuegueros creen pertinentes para, finalmente, verse beneficiados en hechos con la política de los precios topados.

El directivo de la DISC en el territorio explica que han repensado las estrategias. «Para nadie es un secreto que por las mañanas prácticamente no se ven los carretilleros, porque salen en los horarios de la tarde; por eso indicamos proceder después de las cuatro de la tarde. Además, se están realizando acciones conjuntas con la PNR en cuanto a los operativos y recorridos».

No obstante, la población considera que las autoridades responsables del control han tratado el asunto con demasiado guante de seda. Gustavo Álvarez Concepción opina que pocos trabajadores por cuenta propia están respetando lo estipulado, y que al menos él no ha tenido la oportunidad de dar con alguno que cumpla con las nuevas restricciones de precios.

En algunas provincias las acciones para garantizar el respeto a los precios topados van desde la aplicación de multas, hasta decomisos, procesos ante los tribunales y retiros de licencias.

En el caso cienfueguero, Yaquelín Linares Luján, especialista principal de Trabajo por Cuenta Propia de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, aclara que este organismo pudiera llegar a retirar licencias —por ahora solo se ha aplicado en un solo caso en la provincia—, pero, desde su perspectiva, la función social de ese organismo es asesorar metodológicamente, velar por que se cumpla lo que está establecido y darle un seguimiento al trabajo por cuenta propia en todas las situaciones que se puedan presentar.

Retirar licencias —argumentó— solo es posible a través de un organismo impositor, en este caso la DISC o la PNR.  

En contraste con lo que ocurre en este territorio, entre enero y noviembre de 2017, en Sancti Spíritus, una de las provincias que también estableció tarifas máximas para varios productos agrícolas, se habían aplicado 21 865 multas, según refiere el comentario Precios sin rosca, publicado en el semanario Escambray, por la periodista Dayamis Sotolongo.

En Holguín, donde el CAP ha prorrogado hasta el 31 de marzo de 2018 el tope de los precios, solo en el mes de enero «aplicaron a los carretilleros 38 multas, fueron detectados ocho ilegales y 21 vendedores violando los precios establecidos», recoge el reportaje Precios topados en Holguín ¿o ignorados?, publicado por el Semanario ¡Ahora! y el sitio digital Cubadebate.

En Cienfuegos, durante el periodo noviembre 2017-enero 2018, solo se registraron 83 multas por comercializar a sobreprecio, pocas si se consideran las 775 personas con licencias de carretillero-vendedor de productos de forma ambulatoria al cierre de diciembre, la mayoría de la ciudad de Cienfuegos.

Incluso, existen municipios como Abreus y Lajas que no han aplicado ninguna de estas medidas, «un aspecto a revaluar, pues consideramos que allí también existe la adulteración de los precios establecidos», aseguró el representante de la DISC.

El servicio de mensajería de la emisora provincial Radio Ciudad del Mar recepcionó varios sms sobre este particular, que refieren la necesidad de reforzar la supervisión a través de inspectores, a quienes califican de «ausentes».

Al respecto, Díaz Santillan alegó que la fuerza de trabajo de la DISC «es un tema duro, pues enfrentar hoy las indisciplinas sociales de la provincia, con una plantilla cubierta al 50 por ciento, realmente es algo difícil. Además de que esos mismos compañeros velan por el cumplimiento de estos decretos y de otros que también son exigidos, como es el caso del 227, referido a las unidades estatales y la protección al consumidor, y que es medido a nivel nacional».

Mi reporte sms, una sección del semanario 5 de Septiembre para dar curso a las opiniones de la población, publicó el viernes 2 de febrero de 2018 el mensaje No. 287: «Tengo 70 años y soy vendedor ambulante. El jueves 25 fui multado con 700 pesos (MN) por estar sentado, y no en movimiento. Fueron dos compañeras de la DISC. Pero yo me pregunto: ¿los carretilleros que permanecen estáticos frente al supermercado de Pueblo Griffo —un reparto de la ciudad de Cienfuegos—, por ejemplo, vendiendo por encima de los precios establecidos no violan la ley? ¿Cómo los inspectores no ven esto? ¿Quién combate esas ilegalidades?».  

Plantillas vacías no justifican el bajo índice de penalizaciones a los infractores, tampoco se trata de hacer de la imposición de la multa una norma; pero las estrategias implementadas hasta este instante han dado curso a la indisciplina. El Grupo Provincial de Atención al TCP emitió un decreto que indica la firma de una carta de apercibimiento por parte de la totalidad de vendedores ambulantes de la provincia, declaró Linares Luján. 

«Hubo que realizar una primera notificación y en estos momentos transcurre todo el proceso para una segunda, en la que se les está aclarando, enfáticamente —reiteró Díaz Santillan— a todos estos trabajadores, que realmente están obligados a respetar». Añadió que este último documento indica «lo que les va a suceder, de seguir insistiendo en mantener precios elevados afectando a nuestro pueblo».

Mientras esto sucede, carretilleros y vendedores llevan la delantera. Se habla de desabastecimiento y carencias, y no pocos se preguntan por el estado de las producciones agrarias en el territorio, las garantías de abastecimiento y el definitivo despertar de los mercados agropecuarios estatales (MAE).

Irma, el eco de los vientos y el diluvio

Tarimas vacías en los MAE, carretilleros ausentes, orga-nopónicos con deprimida producción tras Irma, y el cuestionamiento popular a flor de piel. Tal fue el panorama alimentario de la provincia al final de 2017.

«Fue un año de los más difíciles en la agricultura. Tuvimos un primer semestre de intensa sequía, que afectó la supervivencia de muchas siembras. Las áreas bajo las máquinas de riego fueron priorizadas para la papa, el maíz y el frijol, dirigidos al balance nacional. Pero el 80 por ciento de la superficie dedicada a los cultivos varios se ubica en condiciones de secano», explicó Roberto Rodríguez González, subdelegado de la Delegación Provincial de la Agricultura en Cienfuegos.

La situación climatológica, el control de las producciones, y los compromisos nacionales han lastrado el autoabastecimiento local de productos agrícolas. «Cienfuegos no fue de las más perjudicadas por Irma, pero afectó. La velocidad de los vientos y las lluvias posteriores al huracán fueron suficientes; 72 milímetros de lluvia en un día es considerable», explicó Rodríguez González, quien agregó que no pueden crearse falsas expectativas en la población.

«Hoy hay un déficit de cultivos en la provincia. Tenemos que centrarnos en que las producciones vayan al lugar que corresponde: las unidades de Acopio y los puntos de venta de las formas productivas».

Una vecina del centro histórico de Cienfuegos entrevistada para este reportaje se pregunta si la población con ingresos dependientes del salario medio «¿no tiene derecho a disfrutar de una col, de tomates?, (…) en busca de eso voy a placitas y mercados del Estado, pero no siempre tienen, pues todo se acaba rápido, porque son los espacios con precios más asequibles a la población».

Al respecto, Yainel Páez Pérez, director adjunto de la Empresa Provincial de Acopio Cienfuegos, detalló que se ha mantenido de manera estable el abastecimiento de la malanga chopo y la yuca en los mercados agropecuarios.

«Esas son las dos viandas que en los meses posteriores al ciclón hemos podido mantener. Además, ha ido variando el tomate, que ahora ha tenido una mayor presencia en el mercado junto a otras hortalizas, así como la calabaza. La situación más difícil se presenta con las frutas, aunque la frutabomba puede empezar ya a entrar».

La escasa variedad de productos agrícolas en las formas estatales de comercialización en Cienfuegos es consecuencia también del retraso de la campaña de frío que, según indicó Yoan Sarduy Alonso, delegado provincial de la Agricultura, lograron «enderezar» a tiempo.

Al respecto, el Subdelegado de la Agricultura en la provincia acotó que se ha venido recuperando la siembra, pero los ciclos que en más corto tiempo tributan a la población son los del boniato, que puede estar entre 120 y 150 días en la cosecha. «Hay otro grupo de cultivos que se enmarcan entre los cuatro y cinco meses, que en los meses de febrero y marzo aún no cubrirán las demandas que se han planificado».

El clímax de esta tensa situación ocurrió durante la feria de fin de año, efectuada en la Calzada de Dolores, de esta ciudad. Tras meses de poco acceso a vegetales, viandas, frutas y otros ingredientes culinarios, la demanda superó con creces la oferta prevista. 

En este sentido, el directivo de Acopio puntualizó que existe una estrategia de la Delegación Provincial de la Agricultura, que establece que los sábados a cada mercado agropecuario, además de las producciones propias de la comercialización de esa entidad, se le agrega la de un  municipio, que abastece con sus empresas agropecuarias». 

Sin embargo, el Subdelegado de la Agricultura enfatizó que la recuperación y la presencia de los productos en el mercado serán progresiva, pues los embates de Irma sobre las tierras de la Empresa Agropecuaria Horquita, en el municipio de Abreus, por ejemplo, dañaron unas 300 hectáreas (ha) de plátano y 350 ha de maíz, entre otras afectaciones.

Precisamente Horquita y la Empresa Agropecuaria Juraguá constituyen dos polos productivos que hacen de la provincia fuerte puntal en esta rama. 

«El tema de las siembras y el control de estas ha sido un problema que hemos tenido históricamente y, como es lógico, las producciones se mueven hacia el que mejor pague. Pero a partir de ahora se está trabajando en la contratación de esas producciones», refirió Rodríguez González. 

Topar los precios constituye una parte importante de la solución, pero el desenlace del laberíntico problema de llevarnos a casa el alimento llegará cuando la producción aumente, y lo contratado en el campo transite sin desviaciones hacia el mercado.(Juventud Rebelde)